sábado, 23 de mayo de 2009

Iniciativa Internacionalista estará el dia 7


En Irán el Consejo de los Guardianes ha dado comienzo a la campaña electoral al dar el visto bueno preceptivo a cuatro candidatos a las elecciones presidenciales, entre ellos el actual presidente Mahmud Ahmadineuyad. Se habían presentado 475 personas con la aspiración de ver reflejados sus nombres en las papeletas. El Consejo de los Guardianes eligió a aquellos políticos que contaban supuestamente con las credenciales religiosas y morales necesarias para el puesto. Eso descartaba a todos los que cuestionaran de alguna manera las bases del sistema imperante en Irán, al menos según la interpretación del Consejo.

Es lo mismo que hizo el Tribunal Supremo al ilegalizar la lista presentada por Iniciativa Internacionalista, encabezada por Alfonso Sastre. Al quedar fuera Batasuna, los jueces y el Ministerio de Interior buscaron entre los partidos y coaliciones de extrema izquierda con la intención de encontrar listas "contaminadas" (ésa es la expresión que se suele emplear). ¿Contaminadas por quién? Por la presencia de personas que en el pasado hayan formado parte de candidaturas de la izquierda abertzale.

En España, miles de personas no disfrutan de derechos políticos. Me refiero al sufragio pasivo. No pueden ser candidatos a nada porque lo fueron de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, ANV o cualquiera de los nombres con los que las marcas de Batasuna se presentaron a las elecciones. No hay ninguna sentencia firme contra la mayoría de esas personas, pero ése es un detalle menor. Si condenan la violencia, algo que en realidad deberían haber hecho todos hace tiempo, tienen alguna posibilidad. En ese caso, el Tribunal Supremo se convierte en Consejo de los Guardianes y considera que esa persona disfruta del estatus necesario para presentarse a unas elecciones. Sastre había sido candidato por dos de esas listas. Automáticamente, era sospechoso.

En esta ocasion, no había pruebas que permitieran pensar que hubo una decisión directa de ETA tras la presentación de Iniciativa Internacionalista. No importó. El Tribunal Supremo decidió interpretar la realidad y llegó a la conclusión de que se trataba de la lista tapada de ETA. Para ciertas cosas, las pruebas no son fundamentales. Para decir por ejemplo que Iniciativa había sido infiltrada por ETA.
Ahora el Tribunal Constitucional ha anulado esa decisión y permitido la presentación de la candidatura a las elecciones.

Los dirigentes del partido condenaron la violencia después de la ilegalización de su lista por el Tribunal Supremo. Podrían haberlo hecho antes, pero probablemente no querían pasar por el aro. Están en contra de la Ley de Partidos y negarse a pasar por el decreto de limpieza de sangre era su forma de mostrar su oposición. Tienen derecho a presentarse a las elecciones con independencia de sus ideas políticas, de lo populares que sean, de lo cerca o lejos que estén del corazón del sistema.

No digo que vaya a ocurrir, pero es posible, aunque no probable, que Batasuna termine por apoyar a Iniciativa Internacionalista o que la lista reciba muchos votos en el País Vasco por la presencia de Sastre en ella o por haber sido elegida por el Tribunal Supremo para que se le aplique la Ley de Partidos. ¿Y? ¿Desde cuando en una democracia sólo tienen derecho a presentarse los partidos que están dentro del sistema? El concepto de "contaminación" empleado para anular listas electorales es aberrante en una democracia. Nadie puede perder sus derechos políticos sin una sentencia firme y con pruebas contra esa persona. No puede basarse en interpretaciones sobre el papel de la violencia, no puede haber requisitos morales para cribar las listas de elementos supuestamente indeseables. ¿Es la violencia ejercida en Euskadi por un puñado de militaristas reaccionarios la única vara de medir posible? ¿Por qué no se tiene en cuenta la postura de los partidos sobre la violencia en Irak o en Afganistán?

Porque en una democracia las consideraciones tan respetables como subjetivas sobre el valor de la violencia no pueden convertirse en obstáculos para que una persona ejerza sus derechos políticos.

Nadie tiene que pedir permiso al Consejo de los Guardianes para ser candidato en unas elecciones.