viernes, 18 de noviembre de 2011

AYUDEMOS A GUSTAVO




Carlos Martins, centrocampista internacional portugués del Granada, tiene a su hijo de tres años gravemente enfermo. El pequeño Gustavo, que acaba de cumplir los tres años, sufre una trombocitopenia. Dicho en otras palabras, LEUCEMIA, es decir, su médula genera un nivel muy bajo de plaquetas y glóbulos blancos y precisa con extrema urgencia un trasplante.

Martins ha trasladado a su hijo a Portugal después de que el tratamiento que ha seguido en España no haya dado los frutos esperados. Y sus opciones pasan por encontrar un donante que permita regenerar esa médula. No es una empresa fácil, ya que se trata de un tejido que precisa de una compatibilidad absoluta para no provocar rechazo.

En este sentido, los madridistas Cristiano Ronaldo y Fabio Coentrao estan siendo de los más activos. Los dos futbolistas pidieron ayuda para su compañero a través de las redes sociales, aprovechando el tirón que tienen, especialmente el delantero. El objetivo es que haya el mayor número de donantes de sangre, ya que a través de los análisis puede detectarse la compatibilidad con el pequeño Gustavo.

El llamamiento puede sensibilizar también a la afición del Granada, que sufre junto a su futbolista una situación absolutamente dramática.

Para los que aun no sois donantes, La Fundación JOSEP CARRERAS contra la leucemia, pone a disposición de todos los ciudadanos información de donde podemos acudir a donar médula. Pichad aquí.


miércoles, 9 de noviembre de 2011

Configurar cuenta de correo en Outlook 2010

Para poder configurar Outlook 2007 tiene que crear la cuenta de correo.

Una vez creada abra el programa Microsoft Outlook 2010 y siga los siguientes pasos para configurarlo:

Paso 1. En el menú seleccione Archivo, ahí se encuentra en el menú de la izquierda Información y dentro la opción de Agregar cuenta (encuadrado en rojo).

Paso 2. Seleccione la última opción la de Configurar manualmente…

Paso 3. Escoger la primera opción, Correo electrónico de Internet.

Paso 4. Rellene todos los campos de la siguiente manera:

  • Información del usuario
    • Su Nombre: El nombre que quiere que aparezca al enviar un correo.
    • Dirección de correo electrónico: Su correo electrónico, en el ejemplo: correo@su-dominio.com.
  • Información del servidor
    • Tipo de Cuenta: POP3.
    • Servidor de correo entrante: Inserte mail.su-dominio.com.
    • Servidor de correo saliente(SMTP): Como el entrante inserte mail.su-dominio.com.
    • Nombre de usuario: Escriba la cuenta de correo, correo@su-dominio.com.
    • Contraseña: La contraseña de su cuenta de correo.

Una vez relleno todos los campos seleccione Más configuraciones…, aparece en la imagen en el cuadro rojo:

Paso 6. Una vez seleccionado Más configuraciones aparece una ventana donde tiene que escoger la pestaña Servidor de Salida, ahí seleccione Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación..

Con esto queda configurada la cuenta de correo en Outlook 2010.

martes, 8 de noviembre de 2011

WEB SCRAPPING

La Red ya sabe cómo sortear la lucha contra las descargas

Frente al cierre de sitios web o la censura, más código y más reutilización de datos. Esa es la filosofía que surge cada vez con más fuerza ante el aumento del esfuerzo en la lucha contra la llamada 'piratería'. Al final, frente a proyectos como la 'Ley Sinde Wert' en España o SOPA en EEUU, surge una pregunta: ¿es realmente posible frenar la difusión de datos?

'Ley Sinde'

Idas y vueltas, retoques y modificaciones, y, al final, la 'Ley Sinde' sigue prácticamente como estaba. La Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que es como en realidad se llama la normativa propuesta por el Gobierno para el cierre de sitios web de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor, cayó primero en el Congreso y volverá ahora en el Senado en virtud de un acuerdo entre PSOE, PP y CiU.

Llegados a este punto es tal el caos y la confusión en torno a esta norma que conviene repasar qué es, para qué sirve, cómo funciona, en qué cambia y cómo nos afectará tras su última modificación. Y perdonen si me extiendo:

¿Qué es?

Quizá sea mejor aclarar que no es la 'Ley Sinde'. Porque, en realidad, no es una ley. Tampoco es un procedimiento para cerrar páginas web. Es una modificación de una serie de leyes y normas para facilitar el cierre de páginas web que vulneren la propiedad intelectual según los criterios de una Comisión de Propiedad Intelectual que se encargaría de tramitar las denuncias sobre el particular ante la justicia, garante última del proceso. En concreto, la 'Ley Sinde' reformaría la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) -sin duda, no es la norma más afortunada que hay en España-, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

¿Para qué sirve?

Sobre el papel, el objetivo de esta norma es proteger el derecho a la propiedad intelectual. Pero de forma muy curiosa por dos motivos. El primero es que convierte al Ministerio de Cultura en garante del derecho de propiedad intelectual aunque controlado por la Justicia. El segundo es que establece que se podrá actuar no sólo contra quien cause un daño, sino contra quien "sea susceptible de causar un daño patrimonial". Es decir, se trata de una medida de actuación preventiva. Algo parecido al canon cuya modificación ha pedido rotundamente la Unión Europea.

Una actuación preventiva motivada porque, hasta ahora, los jueces han quitado la razón una y otra vez a la industria discográfica o del cine ya que ha absuelto una y otra vez a internautas que han descargado contenidos y a páginas web que enlazan contenido protegido. Por algo tan sencillo como que enlazar no es un delito. Así, mientras es imposible demostrar lo sea, sí podría argumentarse que una página web de enlaces es "susceptible de causar un daño patrimonial".

¿Cómo funciona?

Imagine que es el dueño de una discográfica y que ha encontrado una serie de páginas web desde las que se puede acceder a descargas gratuitas de la música que produce. Algo que no le gusta. Así que acude a la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de mediar, arbitrar y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, y denuncia el caso. Este organismo, en concreto su Sección Segunda, atiende su demanda y a continuación puede hacer dos cosas, que pueden ser simultáneas o no: acudir a la justicia para solicitar que el prestador de servicios a dicha página web -la empresa que la aloja, en la mayoría de los casos- facilite los datos del dueño del sitio -siempre bajo autorización judicial- y, por otra parte, solicitar también al proveedor de servicios que retire el contenido que infringe la ley.

Aquí de nuevo se derivan las posibilidades. Puede que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional autorice la comunicación de los datos del presunto infractor o puede que no. Y ojo, porque es una autorización rápida de unas 24 horas, como si del registro de una casa se tratase. Si lo autoriza, el siguiente paso sería tomar medidas contra el infractor, y aquí entraría de nuevo la justicia. Si no lo autoriza, probablemente al denunciante no le quede más remedio que intentarlo de otra manera, con nuevos indicios de la infracción, hasta que lo logre.

Por otra parte, habría en marcha una petición -para la que no tiene que mediar la justica- al proveedor de servicios -insisto, normalmente empresas de hosting- para que retire el contenido problemático. En menos de 48 horas, el proveedor debe decidir qué hace. Si opta por retirar el contenido voluntariamente o tras una mediación de la Sección Primera -la forma de mediar se deja para un reglamento posterior-, se acabó el procedimiento. Si no lo hace y apuesta por presentar alegaciones y pruebas para defenderse, habrá dos días parar practicar las pruebas y cinco para que se presenten a las partes las conclusiones de éstas. Después, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual debería dictar resolución en tres días. Según los expertos, en total, no menos de 15 días.

Pero la ejecución de su resolución sólo puede llevarse a cabo tras una autorización de un juzgado central de lo contencioso-administrativo. Es decir, acabamos, de nuevo, ante los tribunales. Pero con las reformas explicadas anteriormente, no habría que probar que ha habido un daño, sino que el sitio infractor es "susceptible de causar un daño patrimonial". Suena muy... preventivo, ¿no?

¿En qué cambia tras el último acuerdo PSOE-PP-CiU?

1.- En la anterior redacción de la 'Ley Sinde', no era necesaria la autorización judicial para que la Comisión de Propiedad Intelectual requiriese los datos de un cliente a un proveedor de servicios. Ahora sí. En concreto, hay que solicitarlo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional .¿Se imaginan que un ministerio obligase a Correos a dar detalles sobre su servicio a un cliente? Pues esto era algo parecido.

2.- En la nueva redacción se establece la composición de la Sección Primera, de mediación y arbitraje, de la Comisión de Propiedad Intelectual: "tres miembros nombrados por el Ministerio de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable una sola vex, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Haciendo nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera". Una composición muy equitativa...

3.- Se dan más detalles sobre los plazos de actuación de la Sección Segunda. Se establecen 48 horas para que el prestador de servicios retire el contenido infractor o presente alegaciones, dos días pra efectuar pruebas periciales, cinco días para presentar sus resultados y otros tres días para la resolución de la comisión, sin contar con lo que tarde en ratificarla o desautorizarla un juez.

4.- También se explica la composición de la Sección Segunda: "bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de Presidencia". Muy administrativo.

5.- Y por último, aunque está lo primero en el texto dado su poder como herramienta de relaciones públicas, el Gobierno se compromete, "en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, mediante Real Decreto" a "modificar la regulación" del canon digital. Algo que, en todo caso, convendría para poder facilitar la demostración de un susceptible daño patrimonial.

Digan lo que digan los autores de la nueva ley, no se trata de cambios en absolluto importantes. Y me atrevería a decir que tampoco significativos, pues el primero, que es el más importante, era necesario para no convertir la ley en algo difícil de justificar ante la Constitución.

¿Cómo nos afectaría esta ley si se aprueba?

Lo más triste es que, probablemente, sería una ley inútil de salir adelante porque su jurisdicción sería únicamente el territorio español. Quizás podría suponer el cierre de un montón de páginas web de enlaces -o no- pero quedarían tantas ahí fuera que sería imposible acabar con todas. Es decir, únicamente serviría para amedrentar, pero desde luego no tendría un efecto práctico en la disminución de las descargas. [NOTA: Como me recuerdan, se podría bloquear una pagina web alojada fuera de España a través de su IP mediante la LSSI sin necesidad de solicitar la suspensión de su contenido. Incluso, a través de este aspecto de la LSSI, se podría llegar a intentar el cese de un servicio -como el P2P- siempre que se demuestra que es "susceptible de causar un daño patrimonial".]

Por otra parte, no conozco ninguna página web que no use una imagen, un vídeo o una plantilla que no esté protegida por derechos de autor. Incluso sin hacerlo de forma maliciosa. Si alguien se pusiese quisquilloso, se podría pedir el cierre del 95% de las páginas web españolas. Y no exagero, desde el blog con menos tráfico a los medios de comunicación más grandes. No hablemos de Google, Facebook o YouTube, repletos de enlaces y contenidos protegidos.

Y, lo último y más triste de todo es que se trataría de una norma que establece como garante de un derecho a quien crea la ley para defenderlo -aunque haya control judicial en última instancia-. ¿Se imaginan que el Ministerio de Cultura crease una Ley para defender la libertad de expresión y decidiese quién la vulnera? Pues eso.

“Ley SOPA”

Si la ley SOPA hubiese existido hace 10 años...

Si la ley SOPA hubiese existido hace 10 años hoy probablemente no existirían Google ni Yahoo!. Ni YouTube. Ni Flickr. Ni Wordpress o Blogger. Puede que tampoco Twitter ni Facebook. Incluso es muy posible que gran parte del negocio de Amazon no se hubiese desarrollado. Y que compañías como Spotify o NetFlix jamás se hubiesen puesto en marcha porque nunca se habría creado la necesidad de que existiesen.

Todo lo que se publica está protegido por derechos de propiedad intelectual. Todo lo que está en Internet es también susceptible de enlazarse, copiarse, modificarse o reenviarse. Internet es tan dinámica como sus usuarios, que cambian constantemente y con ello modifican la Red y lo que hay en ella. Esta filosofía, lejos de ser un problema, es un gran avance, y de hecho al calor de este modelo han aparecido algunos de los mayores avances del conocimiento, la tecnología o los negocios de la últma década.

Si hace 10 años normativas como SOPA-PIPA o la 'ley Sinde' hubiesen permitido boicotear y censurar un sitio web porque podría -condicional- perjudicar al propietario de los derechos de propiedad intelectual de un obra, probablemente Google -o Yahoo!- no existiría porque en aquel momento el supuesto perjudicado habría argumentado que el buscador iba contra su modelo de negocio al enlazar directamente contenido protegido sin pasar por una página de inicio.

Asimismo, YouTube o Flickr se habrían ahogado entre demandas porque nada más aparecer cientos e incluso miles de usuarios se dedicaron a 'colgar' vídeos y fotografías protegidos por derechos de autor. Wordpress y Blogger tampoco hubiesen durado mucho ya que los autores que publicaban en estas plataformas enlazaban contenido protegido, usaban fotos con derechos de autor y vídeos sin permiso, en muchos casos de YouTube o Flickr. Algo muy parecido hubiese sucedido con Twitter y Facebook. Al no haberse desarrollado todos estos negocios es muy probable que la 'nube' de Amazon no hubiese visto la luz porque no habría sido necesaria. Y Spotify o NetFlix no serían hoy empresas boyantes que luchan por adaptar a la filosofía de Internet dos negocios de contenidos protegidos por derechos de autor porque nadie vería películas en la Red y ni siquiera existiría la necesidad de hacerlo de forma legítima.

Si en China, Túnez o Cuba el Gobierno decide que una página web incumple ciertas normas de su legislación, la bloquea. Es censura. Hasta ahora, esto era inconcebible en las democracias occidentales. Pero cada vez hay más normativas, como la 'ley Sinde', que dejan la puerta abierta a que eso suceda. La diferencia es que China censura páginas web que publican información contraria a su ideología oficial mientras en España se censurarán páginas que pueden -o no- provocar un daño a la propiedad intelectual.

Pero como en dichos países, en las democracias occidentales será posible, e incluso fácil, saltarse un bloqueo técnico y puntual como el que se pretende. Silenciar una página web en una zona determinada no es difícil. Apagarla es casi imposible, por lo que también lo es evitar el acceso. Es decir, ni la 'ley Sinde' ni la SOPA ni la PIPA son remedios eficaces para frenar las descargas ilegítimas de contenido protegido por derechos de autor.

Quien quiera descargar una película sin pagar podrá seguir haciéndolo. Quien quiera encontrar música gratis lo hará. Es inevitable y es parte del cambio que supone Internet. Las leyes restrictivas que tratan de impedirlo no sólo no lo lograrán, sino que pueden provocar que compañías e individuos que quieran lanzar nuevos productos en Internet piensen en hacerlo en países donde no haya restricciones y la legislación sea coherente.

Estos intentos de censurar la Red sólo pueden calificarse de desastre. Para los usuarios y para las compañías, que destruyen parte su imagen cada vez que emprenden una campaña de este tipo. Desde su punto de vista la culpa de todos sus males la tienen los usuarios y quienes ponen en marcha páginas para facilitar que éstos puedan acceder de forma sencilla, barata y cómoda a películas, series, música, libros u otro contenido.

Pero el problema no son las páginas de descargas ni los usuarios, el problema es doble, legal y empresarial:

- Legal porque las leyes de propiedad intelectual no están adaptadas a los cambios y novedades que supone Internet. Un canal que, antes de lo que todo el mundo piensa, será el principal y el más importante para la difusión de todo tipo de contenido.

- Empresarial porque las compañías de contenido siguen siendo reacias a cambiar sus ciclos de negocio y a dar una oferta adecuada para Internet, tanto en tiempos como en precios.

Mientras no se solucionen ambos problemas lo que muchos llaman 'piratería' no dejará de serlo para los grandes productores de contenido y los gestores de derechos de autor, que prefieren decir #MeCaíEnUnaLancha a asumir su parte de culpa. Porque para la mayor parte de los autores nunca lo fue.

Justo tras el cierre de Megaupload, la opinión más extendida por la Red era que se iba a vivir una vuelta al intercambio de archivos P2P.

“Intercambio de archivos P2P”

El fulminante cierre de Megaupload ha dejado a millones de usuarios de la Red sin la más popular fuente de entretenimiento de la era de las descargas. A pesar del revuelo y la preocupación que ha levantado la noticia en las redes sociales, los internautas pueden estar seguros de que hay muchas más formas de terminar esa película de estreno que querían ver en versión original o engancharse a esa serie de la que habla todo el mundo.

Las webs clausuradas por el FBI tenían un total de 50 millones de usuarios diarios, un 4% del tráfico de Internet. Dadas las cifras, se puede decir que la Red ha perdido al 'patriarca' de las descargas, pero quedan los hermanos pequeños, menos populares pero igual de eficaces. Las descargas directas, generalmente más rápidas que el intercambio de archivos a través de redes P2P, no han muerto. Basta con una búsqueda en Google para encontrar un nuevo 'camello' o hacer un nuevo repaso a fondo a la multitud de webs de enlaces.

Sitios tan célebres como Seriesyonkis, Cinetube o Pordescargadirecta tendrán que actualizar ahora su listado de enlaces a las webs de alojamiento de contenidos, los vínculos a Megaupload o Megavideo eran legión. Fileserve o Rapidshare son los sucesores naturales. Tendrán su mejor momento ahora y hasta que les deje el FBI... Nacieron con un planteamiento casi idéntico al de la empresa de Kim 'Dotcom': almacenaje y distribución de archivos de todo tipo a través de una modalidad gratuita (de menos capacidad) y otra de pago, con más servicios y rapidez.

También proliferan los sistemas de visualización online o 'streaming' como Videozer, Videoobb o Downupload, que con un sistema similar a YouTube alojan series, películas o documentales, entre otros materiales audiovisuales. Los usuarios sólo tienen que recurrir a los buscadores, foros o páginas de enlaces para acceder de forma gratuita a estos contenidos. Las webs de alojamiento de archivos suelen o solían escapar al laberinto legal que ordena la propiedad intelectual en cada país evitando tener un buscador propio que desglosara todos los contenidos que violaban el copyright.

La labor de búsqueda recae en las hasta el momento inquebrantables páginas de enlaces para descargas, que ejercen de intermediario y llevan al usuario hasta el capítulo o el filme que quieren ver. En España, estos sitios web también han visto peligrar su existencia, especialmente tras el proyecto de la 'Ley Sinde', que amenazaba con introducir una nueva y muy discutida figura de cierre rápido de webs.

P2P y plataformas 'legales'

A diferencia de los sitios de descarga directa, en las redes P2P (Peer to Peer) cada usuario es un servidor que 'sube' y 'baja' archivos en la Red; los comparte con cualquier otro cliente de servicios como eMule, Kazaa, Gnutella o BitTorrent, entre otros muchos. Este sistema puede volver a ganar adeptos tras el cierre de Megaupload y ofrece casi los mismos servicios: música, películas o documentales a la carta. El punto débil: la velocidad, generalmente es más lento.

La industria cultural tiene ahora una buena oportunidad para terminar de afianzar las plataformas 'legales' de descargas. Webs como Netflix o Youzee ya han demostrado el éxito de Internet como nuevo canal de difusión del cine y contenidos televisivos. Este tipo de plataformas están a punto de llegar a nuestro país, donde iniciativas como Filmin o Filmotech son unas completas desconocidas para el gran público.

La breve Historia de Internet está plagada de ejemplos que demuestran que la amplia demanda de entretenimiento gratis hará que surjan nuevas formas de 'pirateo'. Sólo hay que recordar que el cierre de Napster no acabó con el negocio de la música 'on line'.

Lista completa de páginas cerradas

Texto de protesta publicado en las páginas cerradas

Si se aprueba la Ley Sinde, esta página desaparecerá.
Internet será una tele más, al servicio del poder.
Por la libertad de expresión en la Red,
No a la censura. No a la Ley Sinde.
No al cierre de webs.

Proyectos como el buscador de archivos Foofinder, del informático Pablo Soto (auténtico azote de las discográficas en España tras su reciente victoria en los tribunales después de ser demandado por sus programas de P2P) o la conversión de algunos sitios de enlaces en foros de opinión son muestras de ello.

El buscador de archivos Foofinder

Blubster, Piolet, Manolito P2P y ahora ...FooFind . El informático español Pablo Soto acaba de presentar un nuevo servicio de búsquedas de archivos, que incluye resultados de las redes Edk2 (eMule), Magnet, BiTorrent, Web y FTP.

FooFind son un conjunto de robots. Uno o dos por cada una de las redes de pares existentes en las que que buscan e indexan continuamente sus contenidos. Es decir, localizan y seleccionan los nombres de los archivos para después ofrecerlos como resultados de la búsqueda en Foofinder. La parte pública del buscador es software libre y cuando esté probado su funcionamiento, Soto podría liberar el código del proyecto.

De momento, el internauta ya tiene disponibles nueve millones de archivos, pero la lista crecerá a medida que los robots vayan rastreando estas redes. El servicio de música libre Jamendo, por ejemplo, está totalmente incorporado a Foofinder.

Como los resultados devueltos por este buscador de enlaces pueden ser contenidos protegidos por los derechos de autor, el programador madrileño advierte en la página: "Foofind no aloja y, en consecuencia, no reproduce ni comunica públicamente los archivos enlazados que aparecen como resultados de las búsquedas. Foofind no asume ninguna obligación de control, vigilancia e inspección de las obras que se enlazan como resultados de la búsqueda. No obstante lo anterior, en estricto cumplimiento del artículo 17 de la LSSI, Foofind eliminará todos aquellos resultados y enlaces de cuya ilicitud tenga conocimiento efectivo".

La advertencia legal no es baladí. Soto espera sentencia desde hace un año. La patronal discográfica, Promusicae, le reclama 13 millones de euros por "daños y competencia desleal". Los demandantes argumentan que Soto desarrolló sus aplicaciones "con evidente ánimo de lucro" y con "una conducta parasitaria" para obtener provecho de la obra de otros.

Cuando se dio a conocer la demanda , Soto declaró a El País: "Lo esperaba desde hace tiempo, pero aun así ha sido una sorpresa que me responsabilicen del uso que hacen otros de las aplicaciones que he creado".

Millones de internautas utilizan la tecnología que él ha ido desarrollando desde el año 2000 para intercambiar anónimamente archivos de audio, como Blubster , Piolet o Manolito P2P


El llamado Proyecto SindeClon va un paso más allá. Se trata de un ejemplo de cómo la extracción del 'ADN' de un sitio web permite darle otros usos o presentarlos en otros formatos, según afirma su creador, el informático Juan Gabriel Covas Egea, autor también de varios estudios sobre el uso de P2P para la Asociación de Internautas. "Un ejemplo son algunas aplicaciones para móviles, que presentan la misma información que puede tener una web, pero de otra manera, o los típicos 'comparadores de precios' de varias páginas distintas", comenta acerca de este peculiar "proyecto educativo".

El proyecto SindeClon tiene objetivos educativos:

- Enseñar y compartir técnicas de web scrapping: El web scrapping es una técnica informática de software para extraer información de sitios Web, normalmente simulando ser una persona navegando por las páginas. Aunque está muy relacionado con los buscadores y la indexación Web, el web scrapping está más centrado en transformar los datos no estructurados de páginas Web en datos organizados, para almacenarlos y analizarlos en una base de datos central, en "hojas de cálculo", etc.

- y fomentar el open data. Open data o "datos abiertos" es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos y comunidades abiertos como el código abierto y el acceso libre.

Con técnicas de web scrapping podemos copiar y estructurar los datos que se presentan desde cualquier página Web, para después poder analizarlos y reutilizarlos como si hubieran sido ofrecidos en formatos manejables.

El proyecto comienza compartiendo código fuente PHP en forma de pequeñas librerías genéricas, pero también encontrarás programas funcionales más o menos completos a modo de ejempos prácticos, que invitan a ser modificados y estudiados para lograr objetivos concretos.

En el ámbito de los contenidos digitales, la reutilización y aprovechamiento de datos públicos generados por la Administración generó unos ingresos de 600 millones de euros a empresas españolas y dio empleo a más de 5.000 personas. Como podrá suponerse, también existen datos interesantes en Webs o servicios que no provienen del sector público...

En el momento en que tengamos uno o varios conjuntos de datos bien organizados, disponemos de una materia prima que nos permite ser creativos, investigar y darle usos nuevos.

Las posibilidades van desde mejorar la presentación original de esos mismos datos, adecuarlos a necesidades específicas, poder complementarlos con otros de distinta fuente... hasta realizar estudios, estadísticas, utilizarlos de una forma completamente nueva, darles vida en entornos donde todavía no están disponibles... Son posibles muchas obras derivadas y nuevos o idénticos servicios alternativos, mientras no haya impedimentos legales para ello.

Estudio sociológico del P2P y su impacto en la cultura

Una gigantesca biblioteca virtual

Para realizar el estudio se ha identificado la oferta existente en los años 2009 y 2010 de series de TV accesibles mediante el sistema de intercambio de archivos P2P, y del que podemos destacar que:

1.- El volumen de las series de TV digitalizadas por los usuarios es altísimo, teniendo en cuenta el número de 1.229 series, unas cuatro veces más que las 304 catalogadas en la página web FórmulaTV ("comunidad líder" auditada por la OJD). En total el estudio comprende 54.915 capítulos de series de TV, repartidos en 2.267 temporadas.

2.- Los usuarios han elaborado más de 50.000 archivos de vídeo, auditados en este estudio. La realidad tecnológica evidencia que estos pueden copiarse después en todo tipo de dispositivos para su visionado, como "discos duros multimedia" que se conectan a todo tipo de televisores, o directamente en reproductores "de bolsillo" como móviles, MP4 o incluso consolas de videojuegos portátiles.

3.- Este estudio, que revela una masiva y casera digitalización audiovisual de ‘archivos de vídeo’ durante años, indica en nuestra opinión un hecho incuestionable: los usuarios de internet han creado nuevos usos sociales en lo que respecta al consumo audiovisual y el almacenaje y distribución de estos contenidos. A la vista del estudio resulta abrumador cómo menos de 500 personas se encargaron de confeccionar archivos para 50.000 capítulos de series de TV y colgarlos en Internet. Los internautas han dado la vuelta a las tornas.

4.- A pesar de que intentan convencernos de lo contrario, lo cierto es que a día de hoy en España no existe una oferta de contenidos legal como en Estados Unidos, donde diversas tiendas virtuales compiten por modelos de precios y suscripción, donde es posible visionar o descargar "a la carta".



5.- La industria cultural ha disfrutado durante décadas del control de la copia y la imposición del dónde, cómo y cuándo se consume su producto, incluso han impuesto el controvertido Canon Digital haciendo aún más enrevesada la legislación en los países donde existe. Y sin embargo se niegan a que sea la propia sociedad de consumo la que les imponga un cambio más que obvio: deben ser capaces de ofrecernos una oferta legal y asequible, igual que en otros países están siendo capaces de ofrecer. Es asombroso que unos cientos de particulares cuelguen más contenido sin autorización en Internet que la propia industria con toda su maquinaria de distribución.


6.- Es necesaria una reforma profunda y completa de la ley de Propiedad Intelectual que se adapte a los nuevos tiempos para garantizar los derechos de autor y el acceso de todos a la cultura y el conocimiento, en lugar de imponer los atajos acostumbrados.

Asociación de Internautas

Un pequeño programa informático puede, por ejemplo, recoger datos de la Red, reorganizarlos y presentarlos luego de la manera que al usuario le convenga, sobre todo mediante técnicas de 'web scrapping'. "La informática está ahí para automatizar ese tipo de tareas", razona.

¿Cómo funciona?

Esencialmente el proyecto no busca clonar páginas sin más, sino extraer la mayor cantidad de datos para poder 'reutilizarlos'. "Se busca poder darle usos nuevos a los datos esenciales de cualquier página web asumiendo que es necesario trabajo adicional, creando nuestra propia base de datos".

El resultado pone de manifiesto algunas preguntas interesantes. "¿Qué pasa si alguien extrae los datos de una web que vaya a prohibirse y, por ejemplo, monta un libro electrónico con los datos que contiene? ¿Sería un libro electrónico prohibido? ¿Y si 'corre' por Internet? ¿Podría ese libro editarse en papel pero estar proscrito su contenido como web en Internet?", se cuestiona Covas.

El sistema que propone este informático funciona en el caso de los enlaces de las redes P2P, pero no para las descargas directas. "Tiene sentido copiar enlaces de redes P2P, hacer un 'libro' con ellos por ejemplo, ya que no indican una ubicación "física" del archivo sino cómo localizarlo en una red de intercambio determinada", afirma; "el enlace es válido para siempre".

Copiar las bases de datos de enlaces de SeriesYonkis, por ejemplo, resulta inútil ya que "tras el cierre de Megaupload los enlaces a los archivos alojados allí dejaron de funcionar y se produjo una cascada de retirada de enlaces entre las distintas webs que copiaron dichas bases". "No importa que estuvieran clonados en multitud de sitios: todos habían dejado de funcionar", recuerda Covas.

Extracción de datos

Covas explica el origen del Proyecto SindeClon. "Por mi trabajo como programador informático, se me acumularon algunos proyectos especialmente dedicados a la extracción de datos de varias páginas web", afirma. Por eso creó un sitio en el que explica diferentes técnicas y herramientas utilizadas para realizar su trabajo. Algunas de esas páginas web están entre las que la industria de contenidos quiere cerrar cuando se empiece a aplicar la 'Ley Sinde Wert'. "Así que pensé que 'SindeClon' sería un nombre bastante irónico para un proyecto como éste".

El proyecto SindeClon demuestra que sería posible repetir un sistema de réplicas para preservar el contenido ante el bloqueo de páginas que prevé la 'Ley Sinde'", comenta Covas, quien añade que "es una ley muy mal hecha" y que en realidad lo que es necesario es realizar "una reforma integral de la propiedad intelectual y no chapuzas como ésta para preservar modelos de negocio".

Aunque también pide una profunda reflexión a los dueños de los sitios web de enlaces que se lucran con los mismos. "Que conozca, no hay una sola página "en el punto de mira" de la Ley Sinde que ofrezca sus datos abiertamente o invite a realizar obras derivadas para poder seguir 'compartiendo sin ánimo lucro' ante la posibilidad de que cierre su web". Según él, "hace falta extraer y clasificar esos datos, o sea, currárselo". "Me daría por satisfecho si este proyecto, indirectamente, hace reflexionar también a algunos dueños de estas páginas web acerca de que, puestos a compartir, compartamos también los datos y facilitemos la creación de servicios derivados, de lo contrario es un ejercicio de hipocresía y existen intereses económicos", apunta.