jueves, 19 de julio de 2012

EL CONSTITUCIONAL, BILDU Y SORTU


El Tribunal Constitucional, como todos conocemos, autorizó hace unas semanas a la formación abertzale Sortu a que se presente a las próximas elecciones. La decisión de 6 votos a favor y 5 en contra indica que no ha sido una sentencia unánime como tampoco habrá unanimidad en la sociedad española. El TC ha anulado la sentencia del Tribunal Supremo que en marzo de 2011 prohibió su inscripción en el Registro de Partidos Políticos. 

Es la segunda vez que el Constitucional desautoriza una decisión del Supremo que había prohibido que Bildu se presentara a las elecciones. Tanto Sortu como Bildu son derivadas y sucesoras de la ilegalizada Batasuna. De alguna manera, algunos mantienen que son herederas del brazo político de ETA. 

La decisión tiene un gran relieve político. Primero, porque la división en el Tribunal Constitucional se está repitiendo en el espectro mediático y social de España. Segundo, porque en las próximas elecciones en el País Vasco, la legalizada Sortu puede competir seriamente con el PNV para disputar la mayoría nacionalista en el parlamento de Vitoria

El Tribunal Constitucional entiende que el rechazo de Sortu a la violencia, incluida de forma expresa la de ETA, son suficientes para contrarrestar los otros elementos contrarios a su legalización. El más alto tribunal considera, por lo tanto, que la violencia no se va a utilizar más como un instrumento político. 

Todos los conflictos acaban en una mesa de negociaciones, ya sea por la derrota de una de las partes o por un pacto de paz para no proseguir las hostilidades. ETA y sus diversas ramas políticas no ha ganado la guerra contra el Estado. Ha causado más de 800 asesinatos y, finalmente, ha tenido que anunciar que abandona la violencia. 

En este sentido ha sido derrotada. Pero, a la vez, ha conseguido que quienes defendieron sus tesis en tiempos del terror puedan hoy presentarse a unas elecciones y gobernar en Euskadi. 

De hecho, ya ocurrió algo parecido con la autorización de que Bildu se pudiera presentar a las últimas elecciones municipales. Ahora Bildu gobierna en la Diputación de Guipúzcoa. 

El Tribunal Constitucional viene a aceptar lo que es normal en la sociedad vasca. No se pueden eliminar decenas de miles de votos si hay un compromiso expreso de que no van a utilizar la violencia. 

Esta decisión coincide con el 25 aniversario del mayor atentado de la banda terrorista que causó 21 muertos en el Hipercor de Barcelona. Hace dos días se produjo el encuentro entre una de las víctimas y el etarra que ordenó aquella matanza que todavía está en el recuerdo de los barceloneses que visitamos el lugar de los luctuosos hechos. 

La reflexión que me viene a la mente es cuántas muertes se habrían podido evitar si la izquierda abertzale hubiera escogido la senda democrática y no las pistolas. Pienso en las víctimas de Hipercor, en un guardia urbano de Barcelona, en Ernest Lluch, en un concejal del PP de Viladecavalls, en Francisco Tomás y Valiente, en Gregorio Ordóñez y en tantos centenares de víctimas absurdas

La decisión del Constitucional será muy controvertida. Pero lo que es normal en una parte considerable de la sociedad vasca será legal. Lo importante es que la violencia no vuelva a perturbar la seguridad y las vidas de ciudadanos inocentes. 

Así pues, podemos concluir que la decisión del constitucional es coherente. Habría sido ilógico prohibir a Sortu tras la legalización de Bildu y el cese de la violencia. Y eso, pese al apretado veredicto (recordemos seis votos contra cinco), lo que muestra hasta qué punto las dos respuestas posibles, levantar o mantener la prohibición decretada en marzo de 2011 por el Supremo, contaban con argumentos fuertes. 

Ante los magistrados se abrían dos difíciles caminos: o bien reconocer que los documentos de Sortu resultan suficientemente rotundos en la condena de la violencia, y que no hay datos para desmentir esa voluntad; o bien sostener que no pasan de ser una mera ficción, destinada a burlar la ley. Pues bien, una mayoría de magistrados ha entendido que, en democracia, no se puede impedir la participación de una entidad política solo por sospechas sobre su sinceridad. 

Aceptar a un partido de la izquierda abertzale en un plano de normalidad política consolida la apuesta de aquella por las vías pacíficas. Lo que, afortunadamente, la mayoría del Constitucional no ha aceptado es que, en ausencia de violencia, sea preciso impedirle actuar políticamente. 

JOSE PEDRO  MONFERRER MONFORT

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