jueves, 19 de julio de 2012

EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO CONDENA A ESPAÑA POR APLICAR LA 'DOCTRINA PAROT' A UNA ETARRA




El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha amparado a la etarra Inés del Río Prada frente a la aplicación de la 'doctrina Parot' y ha ordenado al Estado español que "asegure su puesta en libertad en el plazo más breve posible".

La Corte de Estrasburgo ha declarado que la aplicación de la doctrina Parot a Del Río, miembro del 'comando Madrid' de ETA condenada a más de 3.000 años de cárcel, vulneró su derecho a la libertad.

Es la primera sentencia del TEDH sobre la 'doctrina Parot', establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para que los delincuentes condenados por graves delitos cumplan el tiempo máximo legal de estancia en prisión, que en el caso de Inés del Río eran 30 años. Es decir, dicha doctrina implica que en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo del cumplimiento de prisión, que eran 30 años, lo hacía sobre la totalidad de la pena, con el efecto de que a todos los reclusos a los que les afectaba ya no podían salir de la cárcel a los 18 años de condena sino cuando hubieran apurado los 30 años de cumplimiento efectivo.

La 'doctrina Parot' obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.

La etarra ingresó en la cárcel en 1989. Ahora el Estado español deberá indemnizarla con 30.000 euros por daños morales y otros 1.500 euros por gastos del proceso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se mostró contrario a la 'doctrina Parot', al asegurar que mantener en prisión a Inés del Río Prada por una revisión de la duración de la pena es "irregular".

Los magistrados de Estrasburgo admiten con esta decisión el recurso presentado por la defensa de Del Río, que formó parte de uno de los más sanguinarios 'comandos Madrid' de la historia junto a José Ignacio de Juana Chaos y participó en el atentado que costó la vida a 12 policías en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986.

El TEDH desautoriza de esta forma la decisión de la Audiencia Nacional de retrasar su salida de prisión desde el 2 de julio de 2008 hasta el 27 de junio de 2017, al considerar que España vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede existir una pena sin ley que la avale, el artículo 5, que contempla el derecho a la libertad y la seguridad.


Fallo por unanimidad


El Tribunal expresó su rechazo a la 'doctrina Parot' por considerar que "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a los condenados bajo el antiguo código penal de 1973", como es el caso de la demandante.

El fallo, adoptado por unanimidad por la Sala Tercera de la Corte europea, dice que España violó los artículos 7 (no hay pena sin ley) y 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia de recuerda que el citado artículo 7 del Convenio "prohíbe que el derecho penal sea interpretado de forma extensiva en detrimento del acusado" y estima que el cambio de jurisprudencia aplicado "era imposible de prever".

En cuanto a la violación del artículo 5, la condena, que puede ser recurrida por España en el plazo de los próximos tres meses, concluye que la revisión de la duración de la pena de la demandante se aplicó con retroactividad.

¿y ahora qué?

Las asociaciones de jueces discrepan sobre si esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es vinculante o no para España.

La Asociación Profesional de la Magistratura  (APM), considera que la sentencia no vincula de forma directa al Gobierno español y por tanto el Ejecutivo no tiene la obligación de excarcelar a la reclusa de ETA, condenada a más de 3.000 años de cárcel por una veintena de asesinatos ya que España no ha cedido sus competencias de Justicia al Tribunal de Estrasburgo que, en cualquier caso, es una institución internacional, pero no supranacional que pueda vincular legalmente a los estados. No obstante,  APM reconoce que la etarra podrá solicitar ahora la revisión de su caso a la vista de la doctrina del tribunal de Estrasburgo que, en la mayoría de los casos, es tenida en cuenta por los jueces españoles.

El Foro Judicial Independiente (FJI) considera también que la sentencia del TEDH no vincula a España de forma automática. No obstante, en caso de que no prospere el recurso del Gobierno ante la gran sala del tribunal de Estrasburgo, la sentencia sí vinculará a los tribunales españoles que deberán respetar la doctrina fijada en el fallo.

Por su parte, Jueces para la Democracia (JPD), sí cree que la sentencia es "plenamente vinculante" para el Estado español y advierte de que no sería "admisible" que el Gobierno se negara a cumplirla. La sentencia del TEDH no solo tiene "efectos morales" sino que obliga al Gobierno a cumplir sus preceptos, entre ellos, la puesta en libertad a la etarra Inés del Río, una vez que se resuelva el recurso anunciado ya por el Gobierno.

Para JPD la sentencia es "razonable", porque defiende un principio básico del Estado de Derecho, como es la irretroactividad de las leyes penales. "No es admisible que un reo que está cumpliendo una condena con unas determinadas normas, después se les apliquen otras". Conviene recordar que hay que separar el "rechazo o repugnancia" que pueden provocar los crímenes cometidos por la etarra Inés del Río del respeto debido a las garantías del Estado de Derecho.

“Avalancha de recursos”

Como consecuencia de esta sentencia, los abogados de 23 presos de ETA ultiman sus recursos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo siguiendo la estela del que presentó Inés del Rio. Los 23 presos etarras apelan ante la instancia de Estrasburgo el rechazo del Tribunal Constitucional español, en sentencias de abril y junio, a su recurso contra la doctrina Parot. Otros 50 presos etarras han recurrido y están pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional.

Inés del Río podría haber salido de la cárcel por aplicación de los beneficios penitenciarios, según el Código Penal vigente cuando fue juzgada, el 3 de julio de 2008, pero al aplicársele la doctrina Parot continúa en prisión. Antes de que le pudiera aplicar las redenciones de penas por trabajo o estudios, el Supremo resolvió un recurso sobre la forma de aplicar esos beneficios a la condena del etarra Henri Parot y bloqueó toda posibilidad de acceder a la libertad provisional de Parot y todos los etarras. Dicha doctrina fue decidida por el Tribunal Supremo al quedar en libertad en 2005 la etarra Mercedes Galdós, condenada por 13 asesinatos, tras cumplir 19 años de prisión. La inminente salida de otros presos de ETA con similares historiales sanguinarios fue el detonante de la decisión del Supremo, tras una intensa campaña mediática, estimulada por algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. La doctrina Parot se ha aplicado a 80 etarras. De ellos, 67 continúan en prisión y 13 ya están en libertad, según sus abogados. Sin embargo, el recurso solo lo van a presentar los 23 etarras sobre los que el Tribunal Constitucional sentenció, el 18 de abril y el 1 de junio, la prolongación de su condena hasta el límite de 30 años de cumplimiento efectivo en aplicación de la doctrina Parot. Los restantes casos hasta los 80 están aún pendientes de decidir por el Constitucional por lo que no pueden ser recurridos ante el Tribunal Europeo, según los abogados de los presos etarras.

De los 34 casos que sentenció el Tribunal Constitucional el 18 de abril y el 1 de junio, hubo cuatro que no correspondían a etarras: el narcotraficante José Luis Charlin; los policías Jesús Vela y Manuel Lorenzo, acusados del crimen de Nigrán, y el violador Antonio García. También está afectado por la doctrina Parot Miguel Ricart, asesino de las niñas de Alcasser. Iba a salir de prisión en 2011, pero por la aplicación de la doctrina Parot no lo hará hasta 2023. De los 23 etarras recurrentes, tres ya están en libertad por haber cumplido la doctrina Parot. Es el caso de Jon Aguirre, José Ramón Martínez y José Cándido Zubicarai. Ahora reclaman ante el Tribunal Europeo una indemnización. Entre los etarras recurrentes que siguen en prisión destacan José Javier Zabaleta, detenido en Bidart (Francia), en marzo de 1992, con toda la cúpula etarra, de la que era número dos; Domingo Troitiño, participante del atentado de Hipercor de Barcelona, el más sanguinario de la historia de ETA, en 1987; Inmaculada Noble, miembro del comando de Madrid, y detenida con Inés del Río, en enero de 1987. E Ignacio Aracama, dirigente histórico de ETA, que participó en las conversaciones de Argel con el Gobierno de Felipe González en 1989. Entre los presos etarras pendientes del recurso ante el Tribunal Constitucional español figuran algunos muy conocidos, como Antonio López Ruiz, Kubati, condenado por el asesinato de Yoyes; Santiago Arróspide e Isidro Garalde, históricos dirigentes de ETA encarcelados desde mediados de los años ochenta.

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JOSE PEDRO MONFERRER MONFORT